Con motivo de las actuales movilizaciones de los profesionales en defensa de la atención primaria, además de las diferentes negociaciones en el campo de las CCAA y de algunas medidas del Gobierno central dentro de sus estrictas competencias, muchos analistas semejan coincidir nuevamente, aparte de en el trazo grueso del diagnóstico sobre la sanidad pública, en la necesidad de un acuerdo de Estado en favor del futuro de la sanidad pública en la línea del Acuerdo de Toledo sobre las pensiones.
No es la primera vez que se reconocen las carencias de nuestro sistema sanitario y la necesidad de un pacto que lo actualice, después de casi 40 años. En el que participen, en un sistema sanitario descentralizado, cuando menos el Gobierno central y las CCAA, sino asimismo los grupos parlamentarios de la Cortes Generales e inclusive las organizaciones civiles relacionadas con el ámbito salud.
Aunque también es necesario recordar que el mentado pacto de Estado se ha explorado, y no solo anteriormente, sino más últimamente. Por lo menos en mi experiencia como presidente de la comisión de Sanidad del Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados y miembro de la subcomisión para el estudio de los inconvenientes del sistema sanitario, resultó entonces poco menos que imposible, sobre todo por el carácter antagónico del modelo sanitario propugnado en los últimos tiempos por la derecha. Un pacto que fue bloqueado por último por la derecha con argumentos conocidos: por una parte, con la impugnación de la atención primaria y, por otra, con la defensa cerrada de las concesiones y del modelo de gestión privada, desde un modelo alternativo opuesto al que contempla la ley general de sanidad de mediados de los ochenta del siglo pasado. Modelo…
