PSOE y Junts han formalizado este jueves un acuerdo que facilite la próxima investidura de Pedro Sánchez. El acuerdo incluye la aprobación de una ley de amnistía para todos los encausados por el procés y una mesa de negociación en la que participen ambos partidos con un verificador internacional y que aborde dos cuestiones: el encaje de Cataluña en España y la financiación de la comunidad autónoma. Este es el texto completo oficial del acuerdo formal que rubricaron ambas formaciones y un análisis de los puntos clave del mismo.
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Las principales propuestas del Gobierno catalán antes de iniciar la vía independentista con la consulta de 2014 llegaron de la mano de Artur Mas, quien reclamó al entonces presidente Mariano Rajoy un trato fiscal privilegiado para Cataluña similar al que la Constitución ampara para Euskadi y Navarra. Rajoy rechazó la propuesta y el Gobierno catalán, con enormes dificultades financieras incluso para pagar las nóminas de sus funcionarios, promovió iniciativas fuera del marco legal para convocar la consulta de 2014 y finalmente el referéndum ilegal de 2017, ambos anulados por el Tribunal Constitucional.
El capítulo de antecedentes que encabeza el acuerdo entre PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, garantizar la futura estabilidad de su Gobierno y promover una Ley de Amnistía que borre los delitos cometidos por cientos de independentistas catalanes, entre ellos la mayoría del Ejecutivo catalán presidido por Carles Puigdemont, hace un relato de hechos lleno de olvidos.
Los dos partidos firmantes del acuerdo evitan señalar que muchas de las acciones políticas para la independencia fueron prohibidas por jueces y declaradas ilegales. Tan sólo recuerdan que el referendum del 1 de octubre de 2017 fue anulado por el Tribunal Constitucional. El PSOE, uno de los firmantes de este acuerdo, se opuso a esas acciones políticas del Gobierno catalán, aunque no lo recuerda en el texto firmado ahora, ni tampoco que apoyó la aplicación del artículo 155 para intervenir la Generalitat de Cataluña. Nada se dice sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de ordenar a los Mossos el precinto de los colegios electorales para evitar la celebración de la consulta ni tampoco que ordenó a la Policía Nacional y la Guardia Civil que impidieran la apertura de los centros de votación el domingo. Las cargas policiales que se registraron, criticadas en el texto, se las atribuyen al Gobierno del PP. Al referéndum ilegal del 1 de octubre estaban llamados 5,3 millones de ciudadanos, según la información del propio Gobierno catalán, pero sólo participaron 2,2 millones (43%) de los que el 90% votó a favor de la secesión. El relato de hechos tampoco recuerda la declaración unilateral de independencia que hizo Puigdemont ni que suspendió “sus efectos” unos segundos después en “aras del acuerdo y del diálogo”.
Los dos partidos asumen la existencia de un conflicto en Cataluña, una “cuestión de fondo que sigue sin resolverse” y que consiste en la reivindicación de la independencia por una parte de la clase política que ahora suma mayoría absoluta en el Parlamento catalán constituido tras las elecciones autonómicas de 2021. Esos partidos (ERC, Junts y Cup) sumaron menos del 30% de los votos en Cataluña en las últimas elecciones generales de julio de 2023.
El PSOE remarca en esta parte del acuerdo la ilegalidad del desafío independentista catalán, algo que obvia en los antecedentes que describen lo ocurrido en Cataluña. Los socialistas niegan “toda legalidad y validez al referéndum”, así como a la declaración unilateral de independencia que el propio Carles Puigdemont suspendió apenas unos segundos después de proclamarla dando por válido el resultado de la consulta anulada por el Constitucional. Los socialistas afirman en el acuerdo su rechazo a cualquier acción unilateral, que es tanto como sugerir que si los independentistas vuelven a intentar algo parecido al referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración de independencia, se actuará contra ellos. Por su parte, Junts ve legítimo el resultado y el mandato del referéndum así como la declaración de independencia, algo que los tribunales y el Constitucional niegan.
El mecanismo de verificación internacional, que frustró la primera mesa de diálogo entre el Gobierno independentista catalán y el Ejecutivo de Pedro Sánchez de 2019, vuelve a ser una pieza clave del acuerdo que los socialistas han alcanzado tanto con ERC como con Junts. La línea roja que frustró el primero de los acuerdos en 2019 se ha convertido ahora en una concesión del PSOE a los independentistas para garantizarse el acuerdo de investidura.
Independencia frente a autonomía. El acuerdo del PSOE y de Junts asume la apertura de un diálogo sobre el futuro de Cataluña y, a partir de aquí, admite la enorme distancia que separa a las dos partes respecto a la solución política al conflicto. Junts defiende celebrar de nuevo un referéndum de autodeterminación “amparado en el artículo 92 de la Constitución”. Numerosos juristas y el propio Tribunal Constitucional han señalado que ese artículo 92 no puede amparar el referéndum para la secesión. Mientras tanto, el PSOE admite la posibilidad de negociar una ampliación del autogobierno del que ya goza Cataluña a través de su Estatuto de 2006, el mismo que el Constitucional recortó tras declarar inconstitucionales 14 de sus 245 artículos.
El texto del acuerdo señala que el objetivo de la futura ley de amnistía es “procurar la normalidad política, institucional y social”, dando por sentado que la situación actual en Cataluña es de anormalidad política, institucional y social. El acuerdo aclara que la amnistía afectará a todos los ciudadanos y políticos encausados (condenados, procesados o imputados) por hechos relacionados con las convocatorias ilegales de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017.
De otros independentistas encausados por corrupción o blanqueo de capitales sin relación con el ‘procés’, pero que los negociadores de Junts consideran que son víctimas de una actuación prevaricadora de los jueces (lo que denominan ‘lawfare’), el texto del acuerdo sugiere que se investigarán sus casos en comisiones del Congreso de los Diputados para determinar (los diputados) si los independentistas afectados han sido víctimas de una supuesta persecución judicial. Una vez que se llegara a esa conclusión, el texto del acuerdo señala que podrían aprobarse reformas legales. La primera lectura de este texto no aclara si esos casos serán también amnistiados y cómo lo recogerá el texto de la proposición de ley. El PSOE difundió un argumentario para responder a las críticas de las asociaciones de jueces al conocer el texto del acuerdo: “El Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado”.
