La división entre las asociaciones frustró la última reunión y Justicia les solicitó retrasar el parón para proponer una nueva oferta
MADRID, catorce (EUROPA PRESS)
Las 7 asociaciones de jueces y fiscales retoman este martes, a las doce horas, la negociación con el Ministerio que dirige Pilar Llop una vez que 5 de ellas suspendiesen la huelga que empezaba este dieciseis de mayo en aras de proseguir con las conversaciones para procurar conseguir una mejora salarial; todo ello tras la reunión fallida del pasado miércoles, en la que rechazaron la oferta de 46,7 millones de euros –hasta unos cuatrocientos noventa euros al mes–.
“Dado el estado actual de la negociación con el Ejecutivo en la Mesa de Retribuciones, hemos entendido preciso no comenzar la huelga día 16, y esto a fin de poder proseguirse dialogando en aras a lograr el mejor acuerdo posible que, de forma terminante, nos permita desconvocar o no dicha huelga”, han precisado en un comunicado conjunto las cinco asociaciones que convocaron el parón.
Las asociaciones convocantes tomaron esta decisión después de que el Ministerio de Justicia y el de Justicia y Función Pública les solicitara retrasar el principio de la huelga hasta el viernes para presentarles una nueva propuesta este martes.
La asociación mayoritaria de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), fue la última en dar el paso tras consultar a su ejecutiva el pasado jueves. Según notificó aquel día, votaron a favor de “suspender” la convocatoria original “como ademán de buena voluntad” y “a la espera de los avances que se produzcan en la Mesa de Retribuciones en beneficio de los intereses de la carrera judicial”.
En un comunicado, la asociación repitió que la oferta del Ministerio seguía “siendo deficiente” y que debían “avanzar, además, en la adecuación de los grupos de población, en el incremento del pago de los trienios y de las guardas y en otras cuestiones que afectan a la propia estructura” de sus retribuciones.
DIFERENCIAS ENTRE LOS CONVOCANTES
La APM usó el término “suspender” y no precisó data alguna en su comunicado. Así, optó por una fórmula diferente a la que emplearon las otras 4 asociaciones convocantes, que se mostraron a favor de retrasar la huelga hasta el lunes veintidos de mayo para seguir negociando con el Ministerio.
De la misma manera que la APM, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) se pronunció el jueves tras consultar a los suyos y anunció que veía con buenos ojos postergar el parón.
Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ya tenían claro desde el miércoles, cuando terminó la que fue la tercera reunión de la Mesa de Remuneraciones, que estaban a favor de retrasar la huelga hasta el viernes 19 de mayo.
Este movimiento de las asociaciones tuvo lugar una vez que el encuentro del miércoles terminara sin pacto –tras más de seis horas de negociación– toda vez que no fue posible que las asociaciones llegaran a un acuerdo para admitir la oferta del Ministerio. Solo las dos asociaciones progresistas -Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)– se manifestaron en favor de firmar el pacto con Justicia.
En declaraciones a la prensa tras la reunión del miércoles, Juan José Carbonero, de la APM, insistió en que la oferta proseguía siendo “inaceptable”. Por contra, Juan Vacas, de JJpD, aseguró que la oferta del Ministerio era “seria” y “responsable”. “Creemos que la situación del Gobierno en estos momentos es favorable para intentar evitar una situación de crisis todavía más grave en la Administración de Justicia”, apuntó.
Inés Herreros, de la UPF, defendió que la propuesta económica que puso el equipo de Llop sobre la mesa no podía rechazarse, aunque resaltó que si lograban “mejoras” la asociación lo iba a “festejar”. Así, las dos asociaciones mantuvieron su postura de no sumarse a la huelga convocada por las otras cinco.
El viernes, tras hacerse conocer que las asociaciones convocantes suspendían el parón, la Unión Progresista de Fiscales emitió un comunicado en el que festejó la resolución por el hecho de que, a su juicio, descarta “indeseados resultados como consecuencia del solapamiento entre la comisión de retribuciones y el comité de huelga”. En este sentido, destacó que para ellos “era condición indispensable que la propuesta que estaba sobre la mesa no se perdiera por sostener un pulso de máximos”.
Conforme apuntaron los de JJpD en un comunicado, este martes el Ministerio les entregará un documento con una “oferta económica” que es “inamovible”. “El proceso concluiría el día dieciocho de mayo con una nueva asamblea en la que van a deber fijarse las posiciones definitivas de las asociaciones”, apuntó.
LA PROPUESTA DE JUSTICIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
La oferta inicial, de unos 44 millones de euros, representaba solventar en un seis por ciento la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de las dos carreras ha sido próxima al veinte por cien . No obstante, en una segunda asamblea, el Ministerio elevó su propuesta original en un par de millones de euros hasta lograr los 46 millones.
Según fuentes cercanas a la negociación, esta segunda oferta se traduciría en subidas salariales que van desde trescientos cincuenta euros para los trabajadores del Grupo 1 –como tenientes fiscales, fiscales del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, fiscales Antidroga y Anticorrupción y fiscales jefes de las Fiscalías Provinciales–, hasta cuatrocientos noventa euros para el Conjunto dos –fiscales de segunda categoría– y 450 euros para el Conjunto 3 –fiscales de tercera categoría–.
Cabe rememorar que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) lograron –tras dos meses de huelga– que el Gobierno desembolsase 22,7 millones de euros para progresar las condiciones salariales de los cuatro mil funcionarios que integran este cuerpo.
Ahora, mientras que se realizan las negociaciones con jueces y fiscales, el resto de funcionarios de la Administración de Justicia (unos cuarenta y cinco) mantienen una huelga con paros parciales y totales desde el pasado 17 de abril para pedir unos 200 millones e irán a una huelga total e indefinida desde el veintidos de mayo.
Al lado de la propuesta económica a jueces y fiscales, Justicia y Hacienda les ha ofrecido un papel relevante en la implementación de las 3 leyes de eficiencia, que se hallan en la fase final de su tramitación parlamentaria y que son parte del plan de Justicia 2030, según informó el Ministerio tras la primera asamblea.
En el comunicado conjunto que firmaron, las asociaciones convocantes de la huelga aseguraron que demandarían un “incremento significativo de plazas de jueces y fiscales por el sistema actual de acceso que palíe la sobrecarga y, consecuentemente, el retraso endémico” que padece la Justicia y la “afectación” a su salud laboral.
MANIFESTACIÓN DE ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO
La negociación entre las asociaciones de jueces y fiscales y el Ministerio va a coincidir esta semana con la concentración que los abogados del turno de oficio han convocado para el jueves, a las 13.00 horas, ante la sede de la Comunidad de la capital española, en la Puerta del Sol.
Demandan una “retribución digna y suficiente del servicio de asistencia jurídica gratis”, el pago de “todo el trabajo realizado”; que se actualicen los baremos con arreglo al Índice de Precios al Consumidor (IPC); que se reconozca la “complejidad” para el acceso a la justicia gratuita a personas y familias con rentas bajas y que se reduzca la “carga burocrática”.
