El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prepara para el próximo año una nueva ley del suelo con la meta de “flexibilizar los usos” y “facilitar los procesos y los plazos”. En el Ejecutivo regional defienden que en Madrid existe “un déficit estructural de residencia” y que la solución pasa por construir más, poniendo a disposición de los promotores suelo público, mientras ha recurrido la ley de vivienda estatal.
“Como saben, hay un problema importante de residencias en la Comunidad de la capital de España y para eso precisamos instrumentos legislativos que asistan a que haya más oferta de residencia y con eso puedan reducirse los costos. Y por ende la administración tiene que ser un vehículo y no un freno, y por eso deseamos que la ley del suelo sea un instrumento para que los municipios puedan poner más suelo disponible para residencias y otras infraestructuras precisas”, explicó este lunes el consejero de Medio Entorno, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en un desayuno informativo con cronistas.
Durante la campaña electoral, la propia Díaz Ayuso explicó las líneas principales de lo que debe ser la ley, que pasa primordialmente por que los ayuntamientos pongan a predisposición de empresas de todos y cada uno de los ámbitos suelo “público”, es decir, “liberar suelo”, según apuntó la dirigente madrileña al poco de llegar a la presidencia regional.
“El propósito es que estas compañías se instalen en la zona y contribuyan a medrar el tejido empresarial. Con esta medida, además de esto, se promueve la creación de nuevos puestos a largo plazo, tanto en la fase de construcción como cuando se ponga en marcha su actividad”, afirmó ante empresarios la presidente regional, entonces también aspirante del PP. “Resumiendo, más oferta, menos regulación…
