Tras las quejas personalizadas de algunas empresas, la protesta se ha vuelto general. El sector financiero y energético, a través de sus principales asociaciones representativas, dan un paso adelante y advierten sobre las consecuencias de convertir en permanente el impuesto extraordinario aplicado durante los últimos años sobre sus ingresos. Pese a que no parece tan claro que el Gobierno sea capaz de sacar adelante esta decisión, tras el rechazo mostrado por alguno de sus socios parlamentarios, las dos patronales financieras, AEB y CECA, han lanzado un comunicado conjunto en el que expresan su “más enérgico rechazo por el impacto para el propio sector y para la economía española” que tendría esta medida. También lo ha hecho casi al mismo tiempo la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos en términos similares. Y ambas coinciden en apuntar hacia consecuencias milmillonarias en inversión y capacidad de financiación que elevan hasta los 66.000 millones de impacto.
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