Bruselas ha sacado la lupa para analizar los proyectos presupuestarios que le han enviado los 27 en un momento en el que la economía europea está perdiendo impulso y en el que se va a recuperar la rigidez fiscal que ha estado suspendida desde la irrupción del coronavirus en 2020. En el caso de España, la Comisión Europea avala la prórroga presupuestaria que le envió el Gobierno en funciones a mediados de octubre, según la cual el grueso de las medidas para hacer frente a la crisis energética caducan, al considerar que está “en línea” con las recomendaciones que le hizo la UE. Ahora bien, los técnicos comunitarios reclaman que haya una actualización del los planes presupuestarios, es decir, unas nuevas cuentas públicas “lo antes posible” al mismo tiempo que reconocen que la situación fiscal de España es “difícil” para lo que consideran que es necesaria una “estrategia fiscal creíble a medio plazo”.
España está en el paquete de siete países cuyos planes presupuestarios siguen los criterios marcados por la Comisión Europea, que básicamente pasaba por un aumento máximo del 2,6% para el gasto neto primario y que el ahorro del fin de las medidas energéticas se dedicara a reducir el déficit. La prórroga presupuestaria contempla el fin de la vigencia del grueso de las medidas del plan anticrisis, que tenía como fecha límite el 31 de diciembre. No obstante, Pedro Sánchez ha anunciado la extensión de algunas de ellas, como la reducción del IVA de los alimentos básicos o la gratuidad del transporte público. De hecho, las previsiones económicas de Bruselas apuntan a un déficit del 4,1% en 2023 y una bajada al 3,2% el próximo año debido principalmente…
