La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha ratificado este miércoles en Gran Canaria el primer tratado intergubernamental para permitir a la policía y las agencias de seguridad el acceso a los datos personales en poder de las compañías privadas. La organización supranacional recalca que su objetivo es “salvaguardar la privacidad y otros derechos humanos” mas su publicación ha estado rodeada de polémica por las acusaciones de que ha sido negociado a puerta cerrada y sin supervisión pública.
Así lo ha denunciado el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil y de la Información de la OCDE (CSISAC, por sus iniciales en inglés), que ha publicado un comunicado alertando de lo sucedido. “Vimos una versión inacabada del texto con la que teníamos preocupaciones significativas, pero nunca recibimos el documento final por adelantado, ni se nos invitó a suministrar comentarios sobre exactamente el mismo bajo embargo”, revelan.
“No hemos tenido tiempo de comprobar por completo el documento final, mas muchos de los inconvenientes siguen ahí”, advierten en conversación con este medio Pamela Dixon y Carmela Botero, miembros de CSISAC y responsables de la ONG World Privacy Forum y de la Fundación Karisma, respectivamente. “No hay una correcta separación de poderes y no se protege correctamente la libertad de expresión”, denuncian.
Ambas especialistas destacan que es la primera vez que la OCDE baja la persiana a la sociedad civil en sus negociaciones. “La supresión de la voz de la sociedad civil en uno de los proyectos más frágiles e esenciales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sienta un peligroso precedente”, se protesta el comunicado oficial de CSISAC, formado por múltiples organizaciones de defensa de los derechos humanos y…
