El Tribunal Constitucional adoptó el lunes una resolución insólita en democracia: interrumpir la actividad del Parlamento suspendiendo una votación. La reforma legal suspendida, promovida por el Gobierno, tenía precisamente el propósito de desbloquear la renovación del tribunal de garantías. La resolución, que prosperó por 6 votos a favor (todos y cada uno de los jueces conservadores) frente a cinco en contra (los progresistas), paraliza la tramitación en el Senado de dos enmiendas que el Ejecutivo había incorporado a un proyecto de ley sobre otro asunto, y blinda, por el momento, la mayor parte conservadora en el Constitucional. Estas son algunas de las claves que explican lo acordado y sus consecuencias.
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