En España se habla mucho de sueldos recientemente por varios motivos. El principal es la depreciación del poder adquisitivo de la clase trabajadora por la inflación: medró un ocho,4 por cien en 2022, frente al dos con setenta y ocho por ciento que aumentaron los salarios regidos por convenios. Esta caída en el poder de compra fue el empujón terminante al Gobierno para aprobar el reciente incremento del 8 por ciento del sueldo mínimo, hasta los mil ochenta euros bárbaros al mes. En la negociación sobre esa subida apenas participó la parte empresarial, dirigida por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cuyo salario trascendió la semana pasada en las páginas de este periódico: cerca de cuatrocientos euros bárbaros al año. Es una retribución mucho mayor que la del resto de actores primordiales del diálogo social: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ingresa 84.601 euros bárbaros anuales; el líder de CC OO, Unai Sordo, 55.530; y el de UGT, Pepe Álvarez, 48.800.
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