El 17 de enero de 2019, Javitxu Aijón llegaba tarde a una manifestación en la puerta del auditorio de Zaragoza. Dentro, se estaba festejando un mitin de Vox en el marco de la campaña electoral de las autonómicas. “Incluso ya antes de lanzar la primera consigna, los antidisturbios estaban formados con cascos y porras. No había pancartas, porque las habían retirado. Tardaron diez minutos para comenzar a cargar contra los manifestantes”, recuerda Aijón. Esa jornada de queja terminó con su detención y de otros 5 participantes de la manifestación, conocidos como los seis de Zaragoza.A las veinticinco horas que pasaron en el calabozo, les siguió un juicio que terminó con un fallo condenatorio por parte de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Cuatro de ellos, entre los que se halla Aijón, recibieron seis años de prisión, al paso que los otros dos –que eran menores– fueron condenados a un año de libertad observada y a pagar una multa. “Nos condenaron pues en el tribunal se aceptó la declaración de unos agentes de policía que se contradecían todo el rato entre ellos”, explica Aijón. “Yo no hice nada. La verdad es que me condenaron porque estaba participando en una protesta”.Su historia no es el único caso de violación del derecho a la protesta, como demuestra el informe “Criminalización del derecho a la protesta: patrones, actores e instrumentos” presentado este martes en la sede la cooperativa Eccoo en Madrid. El estudio, efectuado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), analiza las barreras del derecho a la queja desde diferentes casos en Europa y América Latina.“Se habla por los codos de la ley mordaza en España, pero el problema es que hay muchas leyes mordazas a nivel internacional”, lamenta el eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán durante el encuentro. “El derecho a la queja no solo está…
