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Denunciantes a la intemperie en las empresas: la Autoridad de Protección al Informante sigue sin funcionar
elpais.com

Han pasado poco más de 15 meses desde la entrada en vigor, el 13 de marzo del año pasado, de la Ley 2/2023, que protege a las personas que informen sobre infracciones y que crea el canal de denuncias. Esta norma obliga a las empresas a partir de 50 trabajadores y a entidades privadas independientemente de su tamaño que se dedican a prestar servicios financieros, a la prevención del blanqueo o de la financiación del terrorismo, a la seguridad del transporte y a la protección del medio ambiente. Es el caso de una correduría de seguros pequeña, joyerías, casas de apuestas, despachos de abogados, notarías, etcétera. Aunque las exigencias legales son numerosas, aún falta un paso clave: la puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, también conocida como AAI.

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Una cuestión de confianza

El reto para detectar malas prácticas o delitos en el seno de una organización es la confianza en el canal de denuncias y es necesario romper con la cultura de silencio que anule su eficacia. Según Silvia Quiles, además de ofrecer formación periódica, resulta útil delegar esta función en un externo. Para Diana Gurau, es conveniente apostar por soluciones del tipo ‘software as a service’. Estas aplicaciones ofrecen mejores estándares para proteger la anonimidad del informante, encriptando la información e impidiendo que se pueda realizar ningún tipo de seguimiento o trazabilidad de su identidad. 

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