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El Constitucional anula parte de la pena a otros cuatro exconsejeros andaluces condenados por los ERE
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El Tribunal Constitucional ha concedido este miércoles amparo parcial a otros cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía de la época del PSOE condenados por prevaricación y malversación en el caso de los ERE, lo que supondrá una rebaja sustancial de sus condenas. Los beneficiados por la resolución del tribunal de garantías son Carmen Martínez Aguayo (extitular de Hacienda y que fue número dos del expresidente José Antonio Griñán), Antonio Fernández García (exconsejero de Empleo), Francisco Vallejo Serrano (exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa) y Jesús María Rodríguez Román (exconsejero de Justicia y exviceconsejero de Innovación). Todos están en prisión desde enero de 2023, aunque Martínez Aguayo accedió al régimen de semilibertad (tercer grado) hace tres semanas.

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Los magistrados discrepantes: “Un espacio de impunidad”

Los cuatro magistrados conservadores del Constitucional han presentado votos particulares contra todas las sentencias del caso de los ERE. En el pleno del martes sus discrepancias no aparecieron en la información oficial distribuida a los medios. Ante la protesta de estos magistrados, un resumen de los dos votos particulares ya presentados este miércoles -los otros dos aún se están redactando- ha sido distribuido por el tribunal separadamente, sin identificación oficial.

El magistrado Enrique Arnaldo señala en su voto particular que las leyes de presupuestos andaluzas habilitaban unas partidas para ayudas a empresas en crisis pero sin ningún procedimiento de fiscalización o control. Se creó así “un espacio de impunidad”, sostiene. El Constitucional, “al descubrir con la linterna de Diógenes el argumento de la salutífera ley de presupuestos que todo lo ampara y que borra toda responsabilidad penal en la conducta de los implicados […] desconoce los principios constitucionales rectores de la actuación de las Administraciones Públicas, especialmente relevantes en materia de gasto público y su control”. Además, lamenta “la respuesta dada por este tribunal en sus sentencias” sobre el delito de malversación, “que conducen a la postre a dejar impunes unas conductas de especial gravedad cometidas por unos concretos responsables políticos en de los casos más graves de corrupción política institucionalizada en España”.

El magistrado Ricardo Enríquez estima igualmente que fue “manifiesta” la ilegalidad de la operativa diseñada por los acusados para evadir los controles a la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas. Por tanto, asevera, “revestía la arbitrariedad requerida” para considerarse una conducta delictiva.

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