El Tribunal Constitucional argumenta que el 19 de diciembre paralizó en el Senado la tramitación de dos enmiendas parlamentarias porque no se puede admitir que exista en España “una zona inmune al control de constitucionalidad”, por lo que, si las Cortes rebasan los márgenes de la Constitución, el tribunal tiene “la irrenunciable responsabilidad” de “limitar la capacidad de actuación del legislador”. El escrito, que ha sido adelantado por El Español, insiste en que el tribunal es “garante de la Constitución frente a todos los demás poderes, incluido el legislativo”, y que “el medio, la forma y el procedimiento” seguidos para introducir las enmiendas cuestionadas fueron “cercenadores” de los derechos de los diputados del PP. Por el contrario, la magistrada María Luisa Balaguer sostiene en uno de los cinco votos particulares —los presentados por los magistrados del Constitucional que no están de acuerdo con la decisión tomada— que la paralización del trámite generó una “inseguridad jurídica notable”. Además, sugiere que, con su recurso, el PP hizo “una instrumentalización del amparo parlamentario como mecanismo de control preventivo”.
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