El sector progresista del Tribunal Constitucional (cinco de los 11 jueces) consiguió este jueves suspender hasta el próximo lunes el pleno convocado de urgencia para deliberar por vez primera en la historia de este órgano se si se impedía la tramitación de una iniciativa legislativa en el Congreso que incluía reformar las reglas de renovación del propio órgano de garantías. El aplazamiento no desactiva la amenaza de que el Tribunal Constitucional acabe bloqueando una reforma legal que debía entrar en vigor el próximo 23 de diciembre tras su aprobación por el pleno del Senado. De hecho, el ponente de la sentencia, Enrique Arnaldo (jurista de cabecera de Faes y escogido por el PP para el Constitucional), apoya su propuesta en el informe de un letrado que ampara la adopción de medidas cautelarísimas como solicita el PP, para hacer embarrancar al reforma del Gobierno que dejaba desbloquear la renovación del Constitucional, donde cuatro de sus miembros, entre ellos el presidente, lleva 6 meses con el mandato caducado. De esa renovación depende que el sector progresista, ahora minoritario, pase a tener mayoría absoluta en el órgano (7 de doce magistrados).
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