El pleno del Tribunal Constitucional del pasado lunes, que se extendió a lo largo de más de diez horas, supuso un incesante cruce de argumentos, réplicas y contrarréplicas entre los magistrados de los dos campos en los que está partido en este momento el tribunal: conservador y progresista. Conforme los primeros, el recurso del PP debía ser aceptado a trámite pues las enmiendas que el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos estaban procurando gestionar con la meta de desbloquear la renovación del propio tribunal podían entrañar una reforma indirecta de la Constitución, en tanto que implicaban que aquel pudiera renovarse parcialmente —incorporando solo a los dos magistrados designados por el Gobierno— y no por tercios enteros como establece la Ley Esencial. Los progresistas, por su parte, denunciaron reiteradamente que el pleno estaba discurriendo “plagado de irregularidades”, conforme fuentes del tribunal: desde la deliberación en pleno a la votación sobre los jueces recusados, pasando por la propia emergencia de la admisión a trámite del recurso.
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