España construye poca vivienda protegida y, al menos por el momento, mal enfocada a solucionar los problemas de accesibilidad residencial. Esa es la foto que ofrecen las últimas estadísticas publicadas. El año pasado se acabaron en todo el país nueve mil doscientos veintiuno residencias de protección oficial (VPO), lo que supone un pequeño paso atrás con respecto a las nueve mil quinientos sesenta y siete de dos mil veintiuno. Y de esas, solo 2.362 tenían como destino el alquiler o el alquiler con derecho a adquiere. De nuevo son menos que en dos mil veintiuno (dos mil cuatrocientos dieciocho) y suponen apenas un 25,6 por cien del total de casas protegidas, un porcentaje que avanza muy lentamente pese a que numerosos análisis de expertos y políticos han señalado la VPO de alquiler como clave para solventar los problemas de accesibilidad a la residencia en España. “Todo parece apuntar a que el nuevo modelo tiene que pivotar sobre la residencia de alquiler social y accesible, mas no termina de consolidarse”, diagnostica Jordi Bosch, director del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barna y especialista en políticas de residencia.
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