El Gobierno ha entrado de lleno en la batalla política suscitada por el anuncio de Castilla y León, el jueves, de la implantación de medidas antiabortistas en esa comunidad. El Ejecutivo ha dirigido un requerimiento oficial en la tarde de este domingo a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, la autonomía en la que gobiernan por primera vez en coalición el PP y la formación ultra Vox, para que esta “se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa” con respecto al aborto por “posible vulneración de principios fundamentales”, según un comunicado. El Gobierno central exige así al equipo del popular Alfonso Fernández Mañueco que se paralice el protocolo, previsto para entrar en vigor este lunes, con el que se quería instar a los médicos a ofrecer a las mujeres embarazadas la posibilidad de escuchar el latido del feto, una ecografía en 4D (de imagen en movimiento) y recibir asistencia psicológica. El Gabinete de Pedro Sánchez no descarta implementar “actuaciones jurídicas adicionales” si Castilla y León no atiende este requerimiento.
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