Un año después, el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha repetido la jugada en sus términos: el PP impulsa en el Parlamento una proposición de ley para amnistiar regadíos en el ambiente de Doñana, la Comisión Europea expresa de manera contundente su preocupación y la respuesta formal de la Junta de Andalucía es de nuevo que la iniciativa no es suya, sino más bien de la Cámara andaluza. No sólo eso, sino que se permite recordarle a Bruselas que así marcha el juego democrático: “No es, por ende, una iniciativa del Gobierno andaluz, sino más bien del propio Parlamento, reflejo de la precisa división de poderes que debe inspirar todo sistema democrático”.
La misiva es la obligada contestación que el Ejecutivo de Moreno tenía que dar ante el requerimiento de la Comisión Europea, a fin de que el Ministerio de Transición Ecológica la incluyese en su respuesta frente a las autoridades europeas. La explicación es un calco que la que ya se mandó hace un año, en el primer amago con esta ley, y se centra en que estamos frente a la “iniciativa de dos conjuntos políticos [PP y Vox] con representación en el seno del Parlamento de Andalucía, con el objeto de dar solución al problema social que coexiste en la comarca del Condado de Huelva”.
Lo que se le ‘olvida’ al Ejecutivo andaluz es apuntar que uno de estos grupos es el PP, que es exactamente el mismo que rige la Junta de Andalucía con mayoría absoluta. No sólo eso, sino que el presidente, Juan Manuel Moreno, es a su vez presidente del PP andaluz y también del conjunto parlamentario, una pescadilla que se muerde la cola que no se precisa en…
