El sector del cine y los gobiernos del PSOE han tenido, casi siempre, un buen entendimiento, y así fue también el primer año de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno tras la moción de censura de 2018. Después de unos días convulsos por la elección de Máximo Huerta y su posterior dimisión, llegaba a la cartera de Cultura, José Guirao, gestor Cultural con experiencia que conquistó al sector en pocos meses y puso en marcha reformas importantes para las industrias culturales. Incomprensiblemente, tras las elecciones de un año después, Sánchez le sustituiría por José Manuel Rodríguez Uribes, que ya se encontró su primer enfrentamiento por la pandemia.
En julio de 2021 llegaba a Cultura, para revertir una situación tirante entre el Ministro y la industria, Miquel Iceta. Afable, dispuesto a escuchar y bregado en decenas de batallas políticas. Su talante fue de agrado de todos, pero pronto se encontró con una batalla que desde su cartera se dejó peder: la Ley Audiovisual. Una ley que se tramitaba desde el Ministerio de Economía, pero que afectaba de forma fundamental al mundo del cine. Dicha ley establecía la obligación de producción audiovisual a las plataformas, tal cual lo hacían hasta ahora solo las televisiones. Una demanda a la que España iba tarde -es una transposición de una ley europea que llevaba tiempo arrastrándose- y que igualaba a los prestadores de servicios. Si Telecinco o Antena 3 estaban obligadas a hacer películas, Netflix y HBO debían estarlo.
Lo que parecía una conquista para el sector del cine se convirtió rápidamente en una derrota cuando el Gobierno cambió, en el último momento, la definición de productor independiente favoreciendo a las plataformas…
