El Gobierno de Pedro Sánchez da por concluido el procés y también la negoción posterior con la Generalitat de Cataluña para rebajar el castigo a sus responsables, que se ha saldado con la derogación del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación. Y no tiene ninguna prisa por convocar una nueva reunión de la mesa de diálogo para seguir hablando del asunto. “No hay fechas y no está agendada”, son tajantes las fuentes gubernamentales consultadas por EL PAÍS. El compromiso que el Ejecutivo adquirió con la Generalitat en la última cumbre entre ambas administraciones, el pasado julio en Madrid, fue celebrar otro encuentro antes de que finalizara el año, pero en La Moncloa ya no lo consideran urgente. Subrayan que la “desjudicialización” que se acordó en el encuentro anterior se ha materializado con la reforma del Código Penal pactada por PSOE y ERC y aprobada por la vía de urgencia en el Parlamento la semana pasada, una decisión que ha provocado una importante incomodidad entre los socialistas —aunque la han respaldado en bloque, con contadas excepciones— y el rechazo de los socios no nacionalistas del Gobierno.
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