Nueve meses después de su entrada en vigor, aún no se ha puesto en práctica el núcleo central de la ley de ciberseguridad de la red 5G. Para que se aplique, según fuentes del campo, hace falta que se apruebe la lista de distribuidores de alto peligro a los que se excluirá de las partes más sensibles de las redes de comunicación de quinta generación; y, además, el listado de localizaciones en las que, por su vinculación con la seguridad nacional o con infraestructuras de carácter estratégico, no puede instalarse ningún componente de tales proveedores. La primera resolución corresponde al Consejo de Ministros; y la segunda, al Consejo de Seguridad Nacional. La ley de ciberseguridad, que entró en vigor el pasado 31 de marzo, daba un plazo de tres meses para adoptar las dos decisiones: hasta el 30 de junio. Sin embargo, aún no hay fecha para su aprobación, reconocen fuentes gubernamentales. Tampoco para el primer Esquema Nacional de Seguridad y Servicios 5G, un análisis de los riesgos y las medidas para mitigarlos, que había de estar listo en el doble de tiempo, seis meses ya excedidos.
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