El Gobierno deberá hacer un encaje de bolillos millonario para lograr el objetivo de déficit que tiene previsto para este año, del 3% del PIB. Es el compromiso que ha asumido con Bruselas y el umbral máximo que permiten las reglas fiscales europeas. En concreto, el desfase entre ingresos y gastos públicos, se tendrá que achicar en siete décimas, algo más de 8.000 millones de euros, una reducción que Hacienda pretende conseguir sin realizar ajustes, sino fiándolo casi todo al crecimiento. “El Gobierno no tiene previsto aplicar ninguna política de recorte”, zanjó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el jueves en la presentación de los datos de cierre presupuestario de 2023. Sí tiene previsto aprobar un “paquete fiscal” que iba a formar parte del proyecto de Presupuestos que finalmente ha decaído, y que servirá para convertir en permanentes el impuesto a la banca y a las energéticas, diseñar deducciones para este último, y adaptar el IRPF a la última subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
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