Ejecutar miles y miles de millones de fondos europeos no es labor simple. Hay que diseñar los programas, anunciarlos, adjudicarlos y que entonces se ejecuten cumpliendo con los exigentes requisitos de control comunitario. Cualquier inversión puede tardar así varios años. Hasta el punto de que todos y cada uno de los Estados de la Unión están padeciendo enormes contrariedades para conseguir desplegar las inversiones del Plan de Restauración europeo y tenerlas finalizadas en 2026, fecha en la que han de estar ejecutados todos los compromisos de los fondos que se aprobaron para ayudar a los países golpeados por la pandemia. Pero la Comisión Europea ha encontrado una interpretación del reglamento para poder abrir un poco la mano. Conforme la legislación de la UE sobre el mecanismo de recuperación, estos recursos deben salir del Estado hacia una compañía que los ejecute. De modo que se interpreta que el dinero puede entregarse a una compañía, aunque sea pública, con el compromiso firmado de que esta se va a hacer cargo de la ejecución. Bastaría así con dar los fondos antes de 2026 a las empresas públicas, y estas tendrían luego más tiempo para que se ejecuten alén de ese año.
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