El Gobierno quiere pasar de las palabras y las críticas a los hechos, y ha puesto a trabajar a los servicios jurídicos del Estado para que estudien todas las fórmulas normativas a su alcance para impedir el traslado de la sede fiscal a Países Bajos que plantea Ferrovial. Una de las primordiales vías jurídicas que se barajan es vetar la absorción de la matriz de España por la filial neerlandesa de Ferrovial necesaria como paso previo al traslado de la sede, acogiéndose a la normativa antiopas extranjeras aprobada durante la pandemia, según ha podido saber EL PAÍS en fuentes conocedoras del asunto.
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