La operativa económica de la OCU, la mayor asociación de consumidores del país con ciento noventa y dos mil abonados, está bajo el foco del Gobierno. El Ministerio de Consumo estudia desde hace nueve meses los cuarenta y siete convenios que desde dos mil dieciocho ha firmado esta asociación con grandes compañías para contrastar si las comisiones que cobra por cada cliente del servicio que les suministra son legales y si comprometen su independencia.
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