El Gobierno va a iniciar acciones contra los pasos atrás del PP y Vox en materia de memoria histórica. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres, ha encargado un informe jurídico para llevar al Tribunal Constitucional la ofensiva que ya están llevando a cabo ambos partidos en distintas comunidades, según ha adelantado El País y ha confirmado el ministro en TVE: Aragón se convirtió en la primera en derogar la ley autonómica y sustituirla por una ley “de concordia”. Le siguieron la Comunitat Valenciana y Castilla y León, que han presentado sendos proyectos con el mismo objetivo.
El ministro ha explicado que el primer paso será iniciar el proceso para negociar con Aragón, la primera comunidad que ha aprobado la ley, y en caso de que la respuesta sea negativa, “iremos automáticamente al Tribunal Constitucional”. “Es complicado que lleguemos a un acuerdo”, ha afirmado en La Hora de la 1 Torres, que apunta a que la norma aprobada en Aragón “vulnera principios” del derecho internacional y retira medidas como “los lugares de memoria o la condena al franquismo”. En el caso de la Comunitat Valenciana y Castilla y León “lo importante sería que esas proposiciones decayeran”, ha añadido.
Revocar las legislaciones que pretenden garantizar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo fue uno de los compromisos clave que sellaron las derechas en sus acuerdos de gobierno. El objetivo es sustituirlas por leyes que han llamado “de concordia”.
El argumentario desplegado por las derechas entronca con una retórica habitual, que se repite por toda la geografía española: las leyes de memoria reabren heridas y promueven la división, ante lo que defienden impulsar normas de…