El adelanto electoral al próximo veintitres de julio y la posibilidad de un cambio de Gobierno inquieta a las víctimas del franquismo, que temen que, como ya ocurrió bajo el orden de Mariano Rajoy, las políticas de memoria vuelvan a meterse en un cajón. Eso fue, en verdad, lo que solicitó el entonces ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que no hiciese el Ejecutivo del PP cuando, en el mes de noviembre de dos mil once, con el Gobierno socialista ya en funciones tras haber perdido el PSOE las elecciones generales de aquel año, presentó el plan del comité de especialistas para la democratización del Val de los Caídos. Aquel suplico cayó en saco roto, pero los familiares de los castigados lo tienen muy presente. Un parón en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática sería todavía más perjudicial ahora por la avanzada edad de la mayoría de las víctimas del franquismo. Feijóo ha asegurado que la derogará si llega al poder y ha criticado todas las actuaciones en el Val de Cuelgamuros hasta ahora. Mientras que su ocasional socio, Vox, es singularmente beligerante contra la regla, que recurrió frente al Tribunal Constitucional por estimar que procura “condicionar la libertad de pensamiento, de conciencia, de cátedra y de fundación”. Estas son las labores pendientes.
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