Bruselas ha recomendado que los Estados comiencen a retirar las medidas que repartieron por todas partes para mitigar el impacto económico de la guerra. El BCE desea que los países no realicen impulsos fiscales extendidos que alimenten aún más la inflación. A partir de 2024, volverán a aplicarse las restricciones que imponen las reglas fiscales europeas. La necesidad de ir reconduciendo las cuentas públicas tras la pandemia llama a la puerta. Francia ya ha visto como Fitch le rebajaba su calificación crediticia hace 3 semanas debido a la “rigidez de su gasto público”. Las agencias de calificación de peligros ya están alertando en sus informes de que la combinación de tipos más altos y una demografía desfavorable va a pesar sobre el gasto público de los países. En este contexto, el Gobierno ha prometido a la UE que el déficit público descenderá este año hasta el 3,9 por cien del PIB y que en 2024 va a estar en el 3 por ciento , el umbral máximo permitido para evitar la disciplina presupuestaria europea. Para poder ir cumpliendo con esta ruta, en un momento en el que los ingresos están ralentizándose, el Ejecutivo tiene previsto comprobar todas y cada una de las medidas que expiran a fines de junio. Cuando se aproxime la data, va a ver cuáles prorroga y cuáles descarta. En este conjunto están la rebaja del IVA a los comestibles básicos, el bono del transporte urbano y la bonificación al carburante profesional.
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