Más necesitados y también más olvidados. El Ingreso Mínimo Vital (IMV), la red última de protección creada en 2020 para alcanzar las capas más vulnerables de la sociedad, solo llega al 5% de las personas sin hogar que tendrían derecho a percibirlo. Detrás de esta lacra hay un enorme problema de desconocimiento y barreras de acceso: muchos potenciales beneficiaros no lo solicitan porque no saben que existe o porque creen que se les denegaría. Si la cobertura se ampliara a todos los individuos sin hogar que cumplen con los requisitos, el gasto adicional para las arcas públicas sería de 130 millones —frente a los cerca de 2,3 que se emplean ahora—, una cantidad ínfima comparada con los más de 4.300 millones pagados en 2023 para la ayuda. A cambio, se lograría una espectacular disminución en la desigualdad de partida del colectivo, de hasta un 80%.
Seguir leyendo
