Soldados patrullan en Arequipa, Perú, el miércoles 14 de diciembre de 2022. El nuevo gobierno de Perú declaró el miércoles una emergencia nacional de 30 días en medio de violentas protestas tras la destitución del presidente Pedro Castillo, suspendiendo los derechos de “seguridad personal y libertad” en toda la nación andina. (AP Photo/Jose Sotomayor)
Las protestas en Perú se han vuelto mortales
LIMA, Perú (Informa AP) – El nuevo gobierno de Perú impuso el miércoles un estado policial en respuesta a las violentas protestas tras la destitución del presidente Pedro Castillo. La declaración de emergencia nacional por 30 días suspende los derechos de “seguridad y libertad personal” en toda la nación andina.
Los actos de vandalismo, violencia y bloqueos de carreteras “requieren una respuesta contundente y autoritaria del gobierno”, anunció el ministro de Defensa, Luis Otarola Peñaranda.
La declaración suspende los derechos de reunión y libre circulación y faculta a la policía, apoyada por el ejército peruano, a registrar los domicilios de las personas sin permiso ni orden judicial. Otarola dijo que no se ha determinado si se impondrá un toque de queda. Estimó en no más de 8.000 el número total de personas “causantes de este disturbio” en todo el país.
El ministro de Defensa dijo que la declaración fue acordada por el consejo de ministros. No mencionó a la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien fue juramentada por el Congreso horas después de que los legisladores destituyeran a Castillo.
Boluarte pidió calma mientras continúan las manifestaciones contra ella y el Congreso que destituyó a su predecesor.
“Perú no puede desbordarse de sangre”, dijo el miércoles. En respuesta a las demandas de elecciones inmediatas, sugirió que podrían celebrarse dentro de un año, cuatro meses antes de su propuesta anterior, que no aplacó a nadie.
Boluarte planteó a los periodistas la posibilidad de aplazar las elecciones generales a diciembre de 2023, justo antes de una audiencia para determinar si Castillo permanecerá encarcelado durante 18 meses mientras las autoridades construyen un caso de rebelión en su contra. El juez aplazó entonces la audiencia después de que Castillo se negara a participar.
“Lo único que les puedo decir hermanas y hermanos (es) que mantengan la calma”, dijo Boluarte. “Ya hemos vivido esta experiencia en los años 80 y 90, y creo que no queremos volver a esa dolorosa historia”
Las declaraciones del compañero de fórmula de Castillo, instalado por el Congreso hace apenas una semana para reemplazarlo, recordaron los ruinosos años en que la insurgencia de Sendero Luminoso presidió numerosos atentados con coches bomba y asesinatos. Al grupo se le atribuyó más de la mitad de las casi 70.000 muertes y desapariciones estimadas, causadas por diversos grupos rebeldes y una brutal respuesta contrainsurgente del gobierno.
Los manifestantes han bloqueado las calles de la capital peruana y de muchas comunidades rurales, exigiendo la libertad de Castillo, la dimisión de Boluarte y la convocatoria inmediata de elecciones generales para elegir a un nuevo presidente y sustituir a todos los miembros del Congreso. Al menos siete personas han muerto, entre ellas un adolescente que falleció el miércoles tras resultar herido durante las protestas en Andahuaylas, según informó el director de un hospital.
Todos perecieron en el mismo tipo de comunidades empobrecidas cuyos votantes impulsaron al líder del sindicato de maestros rurales a la victoria el año pasado después de que prometiera un enfoque populista para gobernar.
Castillo fue destituido por los legisladores el 7 de diciembre cuando trató de disolver el Congreso antes de su tercer intento de destituirlo. Su vehículo fue interceptado mientras viajaba por las calles de Lima con su equipo de seguridad. En una carta manuscrita compartida el miércoles con The Associated Press por su socio Mauro Gonzales, Castillo pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interceda por sus “derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia” La comisión investiga denuncias de violaciones de derechos humanos y litiga en algunos casos.
En la última semana, los manifestantes han quemado comisarías, han tomado una pista de aterrizaje utilizada por las fuerzas armadas y han invadido la pista del aeropuerto internacional de Arequipa, puerta de entrada a algunos de los atractivos turísticos de Perú. El tren de pasajeros que lleva a los visitantes a Machu Picchu suspendió su servicio, y los bloqueos en la carretera Panamericana han dejado varados durante días a camiones con remolque, echando a perder los alimentos destinados a la capital.
Hasta el miércoles, miembros de las fuerzas armadas ya habían sido desplegados en Arequipa y otras áreas fuera de Lima. Cinco de las muertes se produjeron en Andahuaylas, una comunidad andina cuyos empobrecidos residentes se han sentido abandonados por el gobierno y ocasionalmente se han rebelado contra él. El estudiante universitario Luis Torres se unió el miércoles a una protesta de unas 2.000 personas mientras unas furgonetas blancas con soldados recorrían las calles.
“Esta medida es desproporcionada. Demuestra la precariedad política del gobierno que tiene ahora la señora Dina Boluarte”, dijo Torres. “Todos estamos marchando pacíficamente, por algo justo que estamos exigiendo. Por lo menos Andahuaylas seguirá luchando”
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El periodista de Associated Press Franklin Briceño colaboró con este despacho desde Andahuaylas, Perú.
