El Gobierno que se conforme tras las elecciones del 23J tendrá que lidiar con el polémico peaje a las autovías hasta ahora gratuitas que contiene el plan de restauración y resiliencia de España aprobado por Bruselas y que fue motivo de polémica a lo largo de la campaña electoral. El razonamiento esgrimido para aplicar ese peaje es el pago por uso con fines disuasivos y medioambientales. Mas hay otro coste asociado a las autopistas que van a tener que encarar todos los contribuyentes en esta legislatura, tanto si son conductores y usuarios como si no. Este canon singular son las indemnizaciones millonarias que el Estado debe abonar por las 9 autopistas de peaje que debieron ser salvadas entre 2018 y dos mil diecinueve tras la entrada en concurso de acreedores y siguiente liquidación de las concesionarias privadas que se adjudicaron su construcción y gestión.
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