El informe de la nueva estrategia de Sareb que llega este martes al Consejo de Ministros ha puesto al banco malo en primera línea política y electoral. Realmente, lo que escuchará el Ejecutivo en su asamblea semanal es de qué manera la entidad, desde que hace un año pasó a tener mayoría de capital público, ha reorientado su actividad para cumplir con el nuevo mandato social que se le confió en el primer mes del año de 2022 (junto con su cometido primordial, que siempre ha sido el de deshacerse del máximo de deuda posible). El resultado de ese giro es la posibilidad de incorporar 50.000 viviendas al parque público español, como anunció el domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien no se trata ni mucho de menos de una integración inmediata o de una cifra cerrada. Fuentes de la entidad destacan el carácter “dinámico” de la administración de sus inmuebles, más bien forzada por las circunstancias de una cartera de activos en permanente transformación. Y buena parte de esas incorporaciones dependerán de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos den el paso de comprar o acceder a cesiones de inmuebles para uso social.
Seguir leyendo
