También busca reforzar el control judicial de las actividades del CNI, tras la polémica por el ‘caso Pegasus’
MADRID, doce (EUROPA PRESS)
El PNV lleva este martes al Pleno del Congreso su reforma de la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que formalmente sea el presidente del Gobierno y no un ministro quien escoja al directivo de los servicios de espionaje y que así queden vinculados políticamente. También incluyen medidas para reforzar el control judicial de las actividades de los servicios de espionaje.
La iniciativa se registró en el mes de mayo al hilo de la polémica por el espionaje tanto a líderes independentistas como a miembros del Gobierno con el programa ‘Pegasus’, un asunto que costó el puesto a la hasta ese momento directiva del CNI Paz Esteban, quien fue sustituida en el cargo por Esperanza Casteleiro, que venía ejerciendo como secretaria de Estado de Defensa.
El primer cambio de la ley que defenderá el PNV pasa por establecer que la propuesta del nombramiento del directivo del CNI no salga de un ministro, sino del propio presidente del Gobierno, lo que acarrearía elevar la responsabilidad política de los servicios de Inteligencia al centro mismo de la Moncloa por lo que pudiese acontecer en un futuro.
En lo que se refiere al control parlamentario del CNI, que ejercita la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, el PNV propone que los miembros del Congreso de los Diputados puedan ser informados de los medios usados por los servicios de espionaje. Hasta ahora, ni siquiera en la comisión de secretos se puede confirmar que el CNI disponga de ‘Pegasus’.
REFORZAR EL CONTROL JUDICIAL
Además de esto, el PNV plantea que el control judicial de las actividades del CNI, que desde los escándalos de los años noventa se hizo cargo a un juez Supremo –encargado de dar autorización anterior por un tiempo máximo de tres meses, prorrogables–, se haga por tres magistrados y que sus decisiones se adopten por unanimidad, habida cuenta de que no hay una segunda instancia.
También busca que los jueces sean informados de los medios que va a emplear el CNI para esas actividades, pues estima que deben valorar el nivel de intromisión y la afectación a derechos fundamentales en aras de aplicar el principio de proporcionalidad.
Finalmente, el PNV plantea obligar al CNI a explicar a posteriori el grado de ejecución de las actividades autorizadas, un control que dejaría saber si se ha ceñido a la autorización anterior y que sería de mucha utilidad a la hora de decidir sobre posibles prórrogas.
