El PP prosigue subiendo el tono contra el Gobierno tras las enmiendas que ha presentado para reformar el Tribunal Constitucional y solucionar su bloqueo. Este sábado, la secretaria general de la formación conservadora, Cuca Gamarra, ha equiparado el Ejecutivo de Pedro Sánchez con un “régimen autoritario” y ha considerado que el país se halla frente a la crisis institucional “más grave de la democracia”. Sin embargo, preguntada por la nueva amenaza de petición de censura de Vox, que propone un candidato neutral, la líder se ha perfilado y ha dicho, como hizo el partido semanas atrás, que la petición que va a echar al Gobierno será la de las urnas.
En una breve comparecencia de prensa, Gamarra ha presagiado que España vive la “crisis institucional más grave de la historia democrática”. Según su descripción de los hechos, desde el poder Ejecutivo se están “perpetrando ataques al estado de derecho” con el único fin de sostener a Sánchez en el poder. Conforme ha dicho, el presidente del Gobierno ha convertido el Partido Socialista en el “Partido Sanchista”, como ha dicho que ocurre en los “regímenes autoritarios”. “A Sánchez no se le pone nada por delante, ni su partido”, ha insistido.
El enfado sigue a las reacciones furiosas que ayer escenificaron los partidos de la derecha después de que elDiario.es adelantase en exclusiva la enmienda de Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos a la reforma del Código Penal para que los vocales o el presidente del CGPJ que bloqueen la renovación incurran en responsabilidades penales y para eliminar el requisito de verificación de los nuevos magistrados por la parte del Tribunal Constitucional. La decisión ha acelerado los aspavientos de la derecha, que ya había cargado contra la posible reforma del delito de malversación para casos en los que no haya enriquecimiento personal. Es una enmienda de ERC sobre la que el Gobierno se mantiene en la ambigüedad.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que su partido presentaría “los recursos de inconstitucionalidad que procedan” para frenar esa “deriva autoritaria”; hoy, Gamarra ha concretado el primero de ellos: un recurso de amparo contra el uso de la vía de la enmienda del que se ha servido el Gobierno para arrancar estas reformas. Conforme la secretaria general, lo presentará el Grupo Parlamentario “de forma urgente y en cuanto sea posible”.
La crítica del PP se basa en que el Ejecutivo pretende acometer esta reforma mediante una serie de enmiendas a la reforma del Código Penal que se gestiona en estos momentos en el Congreso. El Ejecutivo ha planteado múltiples enmiendas que afectarían al Constitucional, si bien la que más preocupa a los populares es la que contempla cambiar la mayoría de 3 quintos que debe sumar el Consejo General del Poder Judicial en la elección de los dos jueces al Constitucional que le corresponden para reducirla a una mayoría simple. El Gobierno también ha propuesto responsabilidades penales a los vocales del Poder Judicial que bloqueen la renovación del tribunal de garantías.
El PP, que lleva cuatro años impidiendo la renovación del CGPJ y en consecuencia la del Constitucional, piensa que el Gobierno busca con esto “coaccionar a los jueces con cambios legislativos”. “Toda acción para frenar esta deriva autoritaria va a ser tomada por el PP”, ha dicho Gamarra.
El principal partido de la oposición, pese a considerar que España vive una crisis de magnitudes históricas, no considera necesario atender al órdago que ha anunciado Vox pero que aún no ha concretado: una petición de censura con un candidato neutral. Para la capacitación, como ya hizo hace apenas un mes, ha considerado que la propuesta de la extrema derecha solo serviría par a”dar oxígeno al presidente del Gobierno. “Las urnas serán la moción de censura de Pedro Sánchez”, ha presagiado, en una contestación calcada a la que dio hace un mes, cuando la formación de la ciudad de Santiago Abascal propuso nuevamente una petición tras anunciar el Gobierno que rehabilitaría el delito de sublevación.
