En junio de dos mil dieciocho, el Gobierno de Pedro Sánchez tomaba posesión tras una petición de censura que desocupó del poder a Mariano Rajoy. Nuevo ejecutivo, nuevas caras. Y asimismo nuevos objetivos que, apenas unas semanas después, la flamante ministra de Economía, Nadia Calviño, exponía ante sus entonces veintisiete colegas de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo. Bregada en las batallas comunitarias, Calviño era recibida entre aplausos por sus análogos al reafirmarse en su compromiso de sanear unas cuentas que todavía entonces tenían las cicatrices de la crisis financiera. Pero a la vez, una de sus primeras resoluciones consistía en darse un margen de seis mil millones al modificar el objetivo de déficit para ese año y elevarlo en 5 décimas con respecto a lo acordado con la Comisión Europea.
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