El rechazo por parte del pleno extraordinario del Constitucional a las alegaciones del Senado contra la orden de suspender una votación forzó a excluir ayer del orden del día en la Cámara Alta la parte correspondiente a las enmiendas sobre el sistema de elección de los magistrados para renovar al mismo tribunal que prohibía votar las medidas que los sacarían de sus puestos. Tampoco accedió a discutir las recusaciones que reclamaba la Fiscalía del tribunal presentadas contra el presidente y un juez (los dos con el orden caducado, y rechazadas con los votos determinantes de exactamente los mismos recusados). Ni el presidente Pedro González-Trevijano ni Antonio Narváez consideraron oportuno inhibirse ni del discute ni de la votación, en un ejemplar episodio de manifiesta parcialidad. Prosiguen en sus puestos pero no han tenido tiempo de firmar el auto con los fundamentos jurídicos de la delicadísima decisión que tomaron el lunes al interferir en la autonomía parlamentaria. En consecuencia, ayer el Senado se halló en la situación de acatar una orden del Tribunal Constitucional sin que, además de esto, los miembros del Senado conocieran las razones jurídicas que les impedían votar un texto legislativo ya aprobado en el Congreso de los Diputados. El Senado acató sin saber por qué acataba. Las prisas de las medidas cautelarísimas para proteger los derechos de los senadores populares que habían presentado la petición de amparo no se repitieron para explicar a todos los otros miembros del Senado por qué vieron cercenado su derecho a votar.
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