El Ministerio de Seguridad Social ha cerrado con Unidas Podemos y con Bruselas la reforma con la que espera garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. La arquitectura que mantiene el pilar más robusto del Estado de bienestar se encara al desafío del envejecimiento de la población y la jubilación del baby boom. Todos estos elementos agobian las cuentas, que van a tener más presión al vincular las pensiones a la inflación. Para evitarlo el Ejecutivo ya ha aprobado medidas con el propósito de engordar la hucha de la Seguridad Social, como los mecanismos para prolongar la edad real de jubilación o el cambio en el sistema de autónomos para que coticen por sus ingresos reales. El último paso en esa línea es esta reforma de las pensiones, que se centra en acrecentar los ingresos mediante 3 instrumentos principales: el incremento de las bases máximas de cotización (de 4.495 euros mensuales en 2023) de dos mil veinticuatro a dos mil cincuenta, añadiendo a la tasa anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales; una cuota de solidaridad a los salarios más altos del 1 por ciento en 2025 que irá subiendo 0,25 puntos al año hasta llegar al seis por cien en 2045; y un alza del mecanismo de equidad intergeneracional: en vez de ser de cero con seis puntos se dobla hasta 1,2 en dos mil cincuenta, a un ritmo de crecimiento de una décima al año.
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