Las administraciones públicas españolas llevan tres años haciendo un fenomenal ejercicio de saneamiento del déficit público. Durante el primer año de la pandemia desplegaron un ingente paquete de ayudas públicas para aliviar el golpe de la Gran Reclusión a hogares y empresas. Este escudo social, como lo bautizaron los poderes públicos, disparó los números rojos hasta los 111.897 millones de euros, una cantidad equivalente al 9,91% del PIB. Desde entonces, a pesar de que la guerra de Ucrania, la crisis energética y el monstruo de la inflación obligaron a mantener el paraguas de ayudas públicas, las administraciones redujeron la brecha entre gastos e ingresos hasta el 3,32% del PIB. Este esfuerzo de saneamiento pivotó sobre el combustible que la escalada de precios provoca sobre la recaudación y sobre la vigorosa recuperación de la economía tras el virus. Durante estos años, además, la Comisión Europea suspendió las reglas fiscales, que obligaban a los estados a vigilar estrechamente sus cuentas públicas.
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