España ha logrado buena parte de lo que procuraba con la nueva regulación de las ayudas de Estado: más margen para gastar el Fondo de Restauración y acelerar la distribución de ayudas a proyectos industriales, singularmente aquellos enfocados al negocio de la descarbonización. La reciente relajación de las normas que las regulan ha aumentado las cantidades que se pueden dar a proyectos (llega a haberlas de 350 millones); ha subido los porcentajes que se pueden financiar a las pequeñas empresas, que en algunos casos llegan al cincuenta y cinco por cien de la inversión; y ha ampliado los ámbitos a los que se puede dar dinero público. El Gobierno español procuraba esa mayor flexibilidad para gastar el dinero que España ha recibido o va a recibir del plan de recuperación y otros fondos europeos, que se aproximará a doscientos millones entre dos mil veintiuno y 2027, que constituyen la contestación que la UE preparaba a los millonarios subsidios que conceden U.S.A., China o el país nipón para la doble transición ecológica y digital.
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