Treinta y 3 días de sueldo por año trabajado. Esa es la indemnización máxima por despido improcedente en contratos indefinidos que cualquier letrado laboralista aspiraba a conseguir para sus representados en los tribunales en los últimos años. Es el máximo que recoge la legislación laboral de España desde dos mil doce, cuando el Gobierno de Rajoy recortó 12 días respecto a los cuarenta y cinco actuales hasta entonces (que se mantienen para los periodos anteriores al cambio). No obstante, últimamente ciertos perjudicados logran indemnizaciones superiores. “Desde hace cierto tiempo apreciamos un impulso en las compensaciones que superan los treinta y tres días”, explica Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas en España (ASNALA). La razón, cuenta, es que en el mes de julio de 2021 España ratificó al completo la Carta Social Europea. Este texto legal, que supera a la normativa nacional, introduce un matiz que capacita a los jueces para decretar indemnizaciones que superen esos 33 días, ya que reconoce “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización conveniente o a otra reparación apropiada”. Y ese mes y tres días por año trabajado, a criterio del juez, no tiene por qué coincidir con lo que considera “adecuado” o “apropiado” frente al daño causado.
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Un despido con una tasación alta, mas con muchos matices
La principal defensa de los empresarios en los debates sobre la indemnización por despido improcedente es rememorar que los treinta y tres días con los que se conmpesa en España está por encima de la tasación de otros países. Según datos del Banco Mundial, España indemniza las rescisiones de trabajadores con 10 años de antigüedad con unas veintiocho con seis semanas de sueldo, frente a las 10,8 de Francia, las diecisiete con uno de Portugal o las 21,7 de Alemania. Los sindicatos insisten en que este dato, sin contexto, resulta engañoso. “En muchos países la readmisión es mucho más fácil que en España, hay avisos previos de hasta 6 meses, sueldos de tramitación… Hay que cotejar los sistemas al completo, no solo los días de indemnización”, opina el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. “Estamos en la franja alta en número de días, pero hay otros elementos que hacen que los treinta y tres días no sean disuasorios”, añade Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CC OO.
Una estadística a la que frecuentemente aluden los expertos para reforzar esta argumentación es la de la rigidez en la protección del empleo que difunde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Este indicador tiene presente diferentes variables, como el tiempo de aviso previo, la indemnización o las contrariedades para ejecutar el despido. En esa clasificación España (2,43 puntos) está por debajo de República Checa (el dato más alto, 3,03), Portugal (2,87) o Francia (2,68), pero sobre Alemania (dos con treinta y tres) o el Reino Unido (uno con nueve).
“Establecer comparaciones con modelos complejos es siempre y en toda circunstancia difícil, a veces una temeridad y se corre mucho riesgo de llegar a conclusiones erradas. Acostumbra a olvidarse que España tiene una de las mayores tasas de temporalidad desde hace décadas —antes de la reforma laboral—, y uno de los criterios es la antigüedad, reduciéndose progresivamente el tiempo de duración de los llamados contratos indefinidos. Además, tiene una media retributiva más baja que los países referenciales de la UE, siendo la retribución el otro parámetro usado”, agrega Cristóbal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén.
Los últimos datos del Ministerio de Trabajo señalan que en España se produjeron 447.705 despidos en dos mil veintiuno. La indemnización media se situó en 11.416 euros, con enormes diferencias por sexo (doce.238 para hombres y diez.327 para mujeres), por género de contrato (18.112 indefinidos a tiempo completo y 1.476 los temporales con exactamente la misma jornada), por edad (tres mil quinientos noventa y tres de veinticinco a treinta y cuatro años y 21.705 con más de 55 años) y por nacionalidad (12.494 los españoles y tres mil novecientos sesenta y cuatro los extranjeros). “Si fuera costoso de veras despedir en España no tendría prácticamente medio millón de despidos al año”, concluye el catedrático.