La Generalitat y la patronal Foment del Treball manifestaron el día de ayer su apoyo al proyecto industrial de la acería catalana Celsa, que el lunes afronta un juicio para dirimir el futuro de su propiedad. El juez debe decidir si el capital permanece bajo el control de la familia Rubiralta o si pasa a manos de los fondos acreedores, que han presentado un plan para reestructurar la deuda (de 3.500 millones de euros) y convertirla en acciones.
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