El nueve de julio de dos mil veinte, la acusada prendió fuego a la casa donde dormían 4 personas en Aguilar de la Frontera (Córdoba). El padre y sus hijos consiguieron salir pero la madre murió. La Guardia Civil la detuvo e ingresó en cárcel provisional.
Después de un par de años de tratamientos salió de prisión a la espera de juicio por homicidio. El letrado de la familia se mostró reacio a esta puesta en libertad y consiguió que se dictase una orden de distanciamiento de 250 metros del domicilio familiar donde provocó el incendio. No obstante, la mujer se pasea de manera constante por las proximidades de la zona.
Carlos García Barrett, el detective contratado por la familia de la víctima, ha presentado múltiples pruebas de que la pirómana infringe la orden de alejamiento. La familia ha denunciado en varias ocasiones y ya ha tenido dos condenas: de doce y 6 meses de prisión por desobedecer la orden judicial.
El juicio por el incendio mortal está a la espera de ser esclarecido por la Audiencia Provincial de Córdoba. El abogado de la familia solicita cárcel por homicidio y asimismo pide daños y tentativa de homicidio por cada uno de los familiares que estaban en la casa en el instante en el que se iniciaron las llamas.
