“No volveré esposado ni rendido delante de un juez de España para que sea indulgente, lucharé para volver libre”. Así respondió el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont el pasado 12 de enero al último movimiento del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Su complicado objetivo sigue íntegro tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales del juez Llarena. Lejos de facilitar o descartar por completo la entrega de Puigdemont, la sentencia europea abre un nuevo escenario en Bélgica con las normas más claras.
El fallo europeo tiene tintes salomónicos entre las dos corrientes del tribunal, una partidaria de asegurar el funcionamiento veloz y eficaz del sistema de euroórdenes y la otra conveniente a priorizar el examen de la posible transgresión de derechos esenciales de los reclamados (normalmente, no solo independentistas), si bien ello ralentice o frustre los procesos de extradición. De ahí que los jueces recalquen que la “confianza mútua” entre tribunales es la “piedra angular” de las euroórdenes, mas dejen al tiempo la puerta abierta a que Bélgica analice posibles vulneraciones de derechos esenciales de los independentistas.
La ‘precuela’ de Puig
Para entender lo que ha sentenciado el TJUE este martes es preciso retrotraerse al mes de enero de dos mil veintiuno. Los jueces belgas confirmaron la negativa de extraditar a España al único de los políticos independentistas en Bruselas que no es eurodiputado y no estaba reclamado por sedición sino solo por malversación, el exconseller Lluís Puig. Esta ‘precuela’ del caso Puigdemont, que entonces era una trama secundaria, cobra ahora mucha importancia.
Concluyeron los magistrados belgas que Puig sí podía ser entregado a España por malversación pues los desvíos de dinero para sobres y papeletas del…
