El expresidente Donald Trump habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC 2023, el sábado 4 de marzo de 2023, en National Harbor en Oxon Hill, Maryland (AP Photo/Alex Brandon). (AP Photo/Alex Brandon)
NUEVA YORK (Informa AP) – El expresidente Donald Trump ha sido invitado a testificar la próxima semana ante un gran jurado de Nueva York que ha estado investigando los pagos de dinero por silencio realizados en su nombre durante su campaña presidencial de 2016, según un informe de prensa.
El New York Times citó a “cuatro personas con conocimiento del asunto” al informar que la invitación fue hecha por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan. Este tipo de invitación a menudo indica que una decisión sobre acusaciones está cerca.
La oficina del fiscal del distrito declinó hacer comentarios. Un portavoz de Trump emitió un comunicado en el que descalificó la investigación del fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, como políticamente motivada.
Cualquier acusación marcaría la primera vez que un ex presidente de Estados Unidos ha sido acusado de un delito. Se produciría cuando Trump está acelerando una carrera para recuperar la Casa Blanca en 2024 mientras lucha simultáneamente contra problemas legales en múltiples frentes.
El fiscal del distrito de Atlanta, Georgia, ha dicho que las decisiones son “inminentes” en una investigación de dos años sobre la posible intromisión ilegal en las elecciones de 2020 por parte de Trump y sus aliados. Un abogado especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos también está investigando los esfuerzos de Trump y sus aliados para deshacer las elecciones, así como el manejo de documentos clasificados en su finca de Florida.
El gran jurado de Nueva York ha estado investigando la implicación de Trump en un pago de 130,000 dólares realizado en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para evitar que hiciera público un encuentro sexual que dijo haber tenido con el republicano años antes.
El dinero salió de los fondos personales del ahora abogado de Trump, Michael Cohen, quien luego dijo que fue reembolsado por la Organización Trump y también pagó bonos extra por un total que finalmente ascendió a 420.000 dólares.
Cohen se declaró culpable de cargos federales en 2018 de que el pago, y otro que ayudó a organizar a la modelo Karen McDougal a través de la empresa matriz del tabloide National Enquirer, equivalían a una contribución ilegal de campaña.
Los fiscales federales decidieron entonces no presentar cargos contra Trump, que para entonces ya era presidente. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan lanzó entonces su propia investigación, que se prolongó durante varios años pero que ha cobrado impulso en las últimas semanas.
Varias figuras cercanas a Trump han sido vistas en los últimos días entrando en el despacho de Bragg para reunirse con los fiscales, entre ellas su exasesora política Kellyanne Conway y su exportavoz Hope Hicks.
Cohen también se ha reunido varias veces con los fiscales, y tras una reciente visita dijo que pensaba que la investigación estaba cerca de concluir.
En virtud de la ley de Nueva York, las personas que comparecen ante un gran jurado gozan de inmunidad judicial por las cosas que digan durante su testimonio, por lo que los posibles objetivos de las investigaciones penales suelen ser invitados a testificar solo si renuncian a esa inmunidad. Los abogados suelen aconsejar a sus clientes que no lo hagan si existe la posibilidad de un caso penal.
No está claro qué cargos podrían estar explorando los fiscales.
Expertos legales han dicho que un posible delito podría ser la forma en que los pagos a Cohen fueron estructurados y falsamente clasificados internamente como para un anticipo legal. Nueva York tiene una ley contra la falsificación de registros comerciales, pero es un delito menor a menos que la falsificación de registros se haga en conjunto con un delito más grave.
Por separado, la oficina del fiscal del distrito también ha pasado años investigando si Trump y su compañía inflaron el valor de algunos de sus activos en tratos con prestamistas y socios comerciales potenciales. Esas acusaciones son objeto de una demanda civil, presentada por el fiscal general del estado.
