El Ministerio del Interior ha remitido este martes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena un informe en el que se desmarca de la fallida operación para detener el pasado jueves al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, y deriva toda la responsabilidad del fiasco en los Mossos d’Esquadra. El departamento de Fernando Grande-Marlaska asegura en el documento ―de cinco páginas de extensión y al que ha tenido acceso EL PAÍS― que, una vez que Puigdemont aseguró el 27 de julio en un acto público que tenía la intención de acudir a Barcelona supuestamente para asistir al pleno de investidura del socialista Salvador Illa, “los responsables políticos y operativos” de la policía autonómica informaron al ministerio de que iban a poner en marcha “un dispositivo específico y especial” para proceder al arresto del líder de Junts una vez que este fuese localizado “y se diesen la circunstancias operativamente idóneas” para ello. El operativo diseñado por los Mossos incluía el traslado del expresident a Madrid una vez fuese detenido “si así era acordado por la Sala del Tribunal Supremo”.
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