Alemania es un país a cuyo debate público perteneció la afirmación relativa a la endeudadísima Grecia de los tiempos de la crisis del euro: “Vended vuestras islas (…) ¡Y la Acrópolis también!”. Eso aconsejaba a gritos el diario Bild, el más leído de Alemania. Aquellos eran tiempos en los que los observadores internacionales creían aquello que acabaría comentando en 2015 la revista británica The Economist: “tal vez sea cierto que los alemanes equiparan la deuda a los pecados”.
En tiempos del canciller Olaf Scholz, la deuda ajena no es la que ocupa al Gobierno alemán. Lo hace más bien la propia deuda de Alemania. Así, en la coalición que dirige Scholz, compuesta por socialdemócratas, ecologistas y liberales, se ha debatido con cierta intensidad qué hacer con el “freno de la deuda”, una disposición anclada en la Constitución que impide al Ejecutivo teutón endeudarse más del 0,35% del PIB cada año. Este mecanismo se introdujo en 2009, en tiempos de la canciller Angela Merkel.
Mientras Scholz y su Ejecutivo deciden sobre la conveniencia de respetar el mecanismo cuando el país afronta un mal 2024 tras un recesivo 2023, en Alemania está…