El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha solicitado al Tribunal Supremo la revocación de su condena de 13 años de inhabilitación. En su escrito, el exvicepresident del Govern argumenta que la derogación de la sublevación y la reforma de la malversación pactada por su partido con el Gobierno suponen la despenalización de las disposiciones de dinero público para celebrar el referendo a las que fue condenado.
El Tribunal Supremo ha pedido a acusaciones y defensas del procés que aleguen qué efectos tiene la reforma del Código Penal en los condenados por el 1-O. Suprimidas ya las penas de prisión gracias a los indultos, las consecuencias de los cambios se limitan al mismo tiempo en que los líderes del procés pueden pasar sin ocupar cargos públicos en virtud de las penas de inhabilitación a las que fueron condenados y que ahora se pueden reducir.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado ya han avanzado que se opondrán a cualquier absolución total de los condenados, ya que, a su juicio, se les puede aplicar tanto el nuevo delito de desórdenes públicos agravados como la vieja malversación. Las acusaciones pretenden así neutralizar la reforma penal acordada por el Gobierno y ERC, pensada no solo para dejar sin efecto las inhabilitaciones de los exconsellers sino más bien también para moderar las penas a las que se enfrentan los altos cargos catalanes pendientes de juicio.
“El texto del Código Penal actual es más conveniente, al no prever responsabilidad penal para ninguna de las conductas por las que recayó condena en su día”, reza el escrito presentado al Alto Tribunal por el letrado del presidente de ERC, Andreu Van den Eynde.
Conscientes de las posiciones contrarias a la reforma expresadas por…
