Aviso de la Audiencia Nacional al juez Joaquín Gadea sobre la investigación secreta a Sunami Democràtic. Los magistrados de la Sala de lo Penal han instado al instructor a justificar por qué mantiene en secreto la investigación a la plataforma independentista que lideró las protestas tras la sentencia del procés en dos mil diecinueve. La resolución se basa en la “parca o escasa fundamentación” que el juez ha mostrado en las consecutivas resoluciones para prorrogar la reserva de actuaciones.
La de Tsunami es la última gran causa segrega que sostiene abierta la Audiencia Nacional alrededor del independentismo una vez que el juez Manuel García Castellón fuera obligado a remover la reserva de actuaciones de las pesquisas sobre el entorno de Carles Puigdemont y la izquierda independentista. El caso sigue pendiente de percibir información del extranjero y del análisis de varios dispositivos electrónicos intervenidos a dirigentes soberanistas.
Uno de los investigados, el empresario Oriol Soler –integrante del sanedrín independentista que organizó el referéndum y que desde hace 3 años está investigado por su presunta labor de coordinación del Tsunami– lleva meses luchando contra prórrogas del secreto de sumario al entender que vulnera sus derechos esenciales. El secreto implica que la defensa no puede conocer el contenido de la causa, solo accesible para juez y fiscal.
Hasta ahora la Sala de lo Penal había rechazado todos y cada uno de los recursos de la defensa, que ejerce el penalista Benet Salellas, pero ahora por vez primera ha estimado en parte su queja. Conforme señalan los magistrados, si el juez Gadea desea sostener en el futuro el secreto de sumario deberá “explicar el por qué” en un auto que contenga “motivación suficiente”.
Afean en este sentido los jueces que las últimas resoluciones del instructor para vedar el acceso a la causa a las defensas contienen una “parca o escasa fundamentación” del secreto. En un auto, los magistrados de la sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional asimismo indican al juez que deberá razonar “la posible afectación del derecho fundamental de defensa del investigado” como “la dilación temporal en la investigación segrega”.
Hasta que el juez no levante el secreto de la causa las defensas no van a poder conocer a qué países ha pedido información el instructor ni qué dispositivos han analizado los estudiosos. La solicitud de Soler para conocer todo lo investigado desde octubre de 2019 –cuando el juez García Castellón comenzó a investigar las protestas de Sunami como actos terroristas– fue la primera que efectuó el editor en la Audiencia Nacional una vez que el tribunal especial asumiera las pesquisas que el juez de Barcelona Joaquín Aguirre abrió en el caso Voloh y por la que llegó a ser detenido en octubre de 2020.
A solicitud de García Castellón, y con la oposición de la Fiscalía, el juez Aguirre mandó su causa sobre Tsunami a la villa de Madrid el año pasado. Junto a Soler, la Audiencia Nacional pasó a investigar a otros dos miembros del llamado ‘Estado mayor’ que organizó el referendo del 1-O, el exconseller de ERC Xavier Vendrell y el exdirigente de Convergència (CDC) David Madí, y otras tres personas, el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; el informático Jaume C., a quien el juez vincula con trasferencias de fondos a Puigdemont mediante criptomonedas, y la componente de ERC Marta M.
Todos ellos, conforme el juez, habrían ordenado las cuatro únicas acciones reivindicadas por Sunami Democràtic: el bloqueo de los accesos al Aeropuerto de Barna y de la AP-siete, el lanzamiento de globos en el Camp Nou y una queja contra la Junta Electoral Central (JEC). A día de hoy la plataforma está inactiva y sus líderes prosiguen oficialmente en el anonimato, si bien cientos de catalanes que asistieron a las quejas fueron imputados en varios juzgados de la comunidad por desórdenes públicos. La causa más voluminosa, con prácticamente doscientos investigados, es la que ya se archivó por el corte de la autopista en la frontera hispanofrancesa.
El juez Aguirre, en octubre de dos mil veinte, autorizó a la Guarda Civil a que requisara todos y cada uno de los dispositivos electrónicos de los investigados por Sunami, como su correo electrónico. Una parte de los informes sobre el análisis de los móviles y ordenadores de los investigados aún están pendientes de ser entregados.
A raíz de las escuchas telefónicas efectuadas por el Instituto Armado, el juez consideró acreditado que Vendrell ejercitó una actividad de “dirección y participación directa” de Sunami Democràtic. Conforme el juez, esta función directiva de Vendrell en Sunami Democràtic se verifica en ciertas de sus afirmaciones intervenidas, como “ya mandaré a gente para proteger plaza Urquinaona” o “hemos montado un escenario en la autopista”, como en la queja convocada con ocasión del tradicional entre el Fútbol Club Barcelona y el R. Madrid de 2019.
