El primer asalto de la batalla por la ley de amnistía en las instancias internacionales llega a su fin y no tiene el efecto deseado por su instigador, el PP: aunque en su dictamen final la Comisión de Venecia pone algunas pegas a la forma y hasta fondo de la normativa, en ningún caso la frena o invalida. Las conclusiones del organismo consultivo del Consejo de Europa —que no forma parte de las instituciones de la UE, donde el PP también busca combatir la amnistía, aunque tampoco con grandes avances hasta ahora— no difieren demasiado de las que ya adelantaba el borrador conocido hace dos semanas: defiende el espíritu de la ley —la búsqueda de la reconciliación—, aunque le pone varias pegas: pide acotar de forma más estrecha su ámbito temporal y material de aplicación, critica que haya sido tramitada por procedimiento de urgencia e invita a que sea aprobada por “mayorías cualificadas”, es decir, con un mayor consenso.
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Un órgano consultivo ajeno a las instituciones de la UE
La Comisión de Venecia nació en 1990 para “proveer de consejo legal” a sus Estados miembros y, en particular, ayudar a los Estados que deseen acercar sus estructuras legales e institucionales a los estándares europeos de democracia, Estado de derecho y derechos humanos. Acababan de caer los regímenes comunistas de la órbita soviética, y el número de democracias liberales, especialmente en Europa, crecía.
Aunque es un órgano principalmente europeo y forma parte del entramado del Consejo de Europa (algo totalmente ajeno a la Unión Europea y sus instituciones), esta comisión también tiene miembros de otros continentes: a los 46 Estados europeos hay que sumar otros 15 (Argelia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Israel, Kazajstán, Corea del Sur, Kosovo, Kirguistán, Marruecos, México, Perú, Túnez y Estados Unidos) más cuatro observadores (Argentina, Uruguay, Japón y la Santa Sede).
Los miembros designan por cuatro años a las personas que forman parte de la Comisión de Venecia, que suele buscar a expertos juristas. Su trabajo se desempeña en tres áreas: instituciones democráticas y derechos fundamentales, constituciones y justicia ordinaria, y elecciones y partidos políticos.
Aunque el nombre oficial es “Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho”, incluso el propio Consejo de Europa la llama “Comisión de Venecia” por ser en la ciudad italiana donde se reúne el pleno, cuatro veces al año: marzo, junio, octubre y diciembre.
La ley de la amnistía no es la primera norma o reforma legal española que analizan los expertos de la Comisión. Ya lo hicieron en 2017, entonces a petición de los gobiernos vasco y catalán, a cuenta de una reforma del Tribunal Constitucional dos años antes que facultaba al máximo intérprete de la Ley Fundamental a adoptar medidas ejecutivas para obligar a cumplir sus resoluciones. La resolución de la Comisión entonces fue que la reforma se adaptaba a los estándares europeos, si bien pedía algunas mejoras.
