La COP 27 finalizó el mes pasado de noviembre con grandes lagunas para encarar la lucha contra el cambio climático. Los países no alcanzaron un acuerdo para poner punto y final al uso de combustibles fósiles, lo que hace poco a poco más bastante difícil alcanzar los objetivos climáticos. No obstante, sí hubo un pacto histórico para el desarrollo de un fondo de ´pérdidas y daños´. El pacto solo mienta la creación de este fondo, mas no quién y cómo lo financiará, cuestión que queda pendiente para la próxima COP y de la que se ocupará un conjunto de trabajo hasta ese momento. El interrogante que queda abierta entonces es: ¿de qué forma deben repartirse las responsabilidades de compensar a las y los perjudicados por el cambio climático? Los países más vulnerables han apelado repetidamente a un principio de responsabilidad histórica. Esto es, han reclamado que los países más contaminantes deben aceptar responsabilidades por el daño que han causado. Aquí expongo algunos de los obstáculos y alternativas para defender la aplicación del principio de responsabilidad histórica.
La literatura sobre justicia climática ha recibido este principio con escepticismo, apoyando así las resistencias de los países más contaminantes a asumir sus responsabilidades históricas. En primer lugar, aplicar la noción de responsabilidad y, más específicamente, de responsabilidad moral, resulta bastante difícil por dos razones. Primero, se ha argumentado que los países contaminantes no son éticamente responsables de las emisiones emitidas ya antes de 1990, año en el que se publicó el primer informe del IPCC. Esto es así porque hasta la publicación de ese informe no existía suficiente consenso científico como para que se fuera siendo consciente de los efectos negativos de las emisiones de efecto invernadero. Mas ¿qué hay de las emisiones tras mil novecientos noventa,…
